ENVIDIA CORROSIVA.

Mis ataques de envidia corrosiva no cesan. Sufrí el primer ataque con el acuerdo entre Cameron y Salmond sobre el referéndum de Escocia, al que siguió otro con algunas de las medidas de Monti en Italia, siguieron los ataques y aumentaron su gravedad cuando los irlandeses decidieron que no querían suicidarse y no iban a hacer exactamente lo que les decía la Catastroika, mi gravísima envidia enferma continuó atacando cada vez con más virulencia cuando hace algo más de una semana Manuel Valls anunció sus medidas para reducir el déficit, que aunque recortaba algo los servicios públicos, efectuaba la mayor parte de los cortes en la Administración Pública, y, por el momento, el último e insoportable ataque se ha producido  con otro anuncio sobre medidas de reducción del déficit, esta vez del Sr. Renzi, nuevo Primer Ministro italiano, en la línea de Miguel Valls pero incidiendo todavía más en los recortes sobre la Administración Pública, que además suaviza cargas sociales y reduce trámites a las empresas, trámites fiscales incluidos, medidas relacionadas con la empresa,  más que justificadas en un país cuya tasa de paro está en la inmensa barbaridad de poco más que la mitad de la nuestra.

Mientras tanto el Sr. Rajoy y su partido recorren España cantando la grandeza de su gestión que nos ha llevado a la recuperación gracias a que lo cargaron todo sobre las espaldas de la ciudadanía, cuando por estas fechas el propio Ministerio de Hacienda ha publicado las cifras correspondientes a la reducción de gastos de la Administración Pública central en 2013, que supone un recorte de solo un 1% justito. Y de reformar una Administración Pública que está en niveles record de ineficacia nada de nada, a pesar que es mil veces peor que la francesa y aunque la Administración italiana también es desastrosa no llega al extremo tercermundista de la española.

Siempre he mantenido que, aparte precisar una reforma que prácticamente no deje nada del viejo sistema, nuestra Administración tiene dos graves problemas que requieren solución urgente, que seguramente nunca llegará precisamente porque la Administración es un desastre y nuestros altos funcionarios jamás se equivocan: en primer lugar la indefensión del ciudadano frente a la administración, impropia y totalmente inaceptable en un país que pretende ser democrático, que entre otras cosas hace que no sea suficiente con denunciar los frecuentes errores de la Administración, además es el ciudadano afectado quien tiene que responsabilizarse del trámite y pagar los posibles costes de la corrección del error.

Segundo. El habito tradicional que ha degenerado en manía obsesiva y también inadmisible de los desastrosos gestores de la Administración española de traspasar al administrado parte importante de las cargas, la responsabilidad y el trabajo que corresponde a la Administración, que en mi opinión, junto a la enorme ineficacia de la Administración, es unos de los principales factores, sino el principal, que alimentan la elevadísima tasa de paro en España.

Algo así, aunque referido al tema fiscal, mantiene Antonio Durán-Sindreu Buxadé, profesor de la UPF, en el artículo titulado ASFIXIA FISCAL, publicado por La Vanguardia el miércoles 23.

El artículo se inicia describiendo la gran dificultad que supone para empresas pequeñas y medianas el cumplimentar todos los trámites, fiscales o no, a que les obliga nuestra ineficaz Administración, y se centra en algo que empeora todavía más la elevada carga que nuestra Administración Pública supone para las empresas: la indefinición y el cambio constante de criterios, con frecuencia causado por algún alto funcionario que pretende sacarse responsabilidades de encima. El autor califica a este concepto como el de Seguridad Jurídica, en España extremadamente débil, y afirma que “es imprescindible tener unas reglas del juego claras, circunstancia que, desgraciadamente, no ocurre, en especial en el terreno fiscal”. Pone como ejemplo de esta indefinición la fiscalidad de la retribución de socios y administradores y la interpretación que nuestros Tribunales hacen del concepto de gasto no deducible en el impuesto sobre sociedades porque “cada vez son más frecuentes los cambios de criterio de la Administración”.

Y concluye “La asfixiante presión fiscal indirecta desanima a emprendedores y encarece los costes. Una empresa mediana presenta hoy un mínimo de 21 declaraciones al año, además de la Seguridad Social, de formular y depositar las cuentas anuales, de cumplimentar los libros y registros contables y de atender los diferentes requerimientos de la Administración, sin olvidar otras obligaciones como los certificados para el IRPF de socios, trabajadores y terceros. Además de tener que interpretar las normas y hacer de “controladores fiscales” de muy diversas operaciones. Pero lo peor es la sensación de incomprensión y de no ser escuchado. Y lo que es más grave: el desconocimiento de los políticos y de la propia Administración de cuál es la realidad. Todo ello exige un cambio de cultura y de valores del que no dicen nada en el informe Lagares [el informe sobre la reforma fiscal encargado por Montoro a un grupo de expertos] ni el Gobierno. La propuesta no libera a las empresas de su asfixia fiscal”.

Rajoy, su gobierno y su partido pueden ponerse todas las medallas que quieran, pero en lo que se refiere a nuestra elevadísima tasa de paro, que siempre ha sido más alta que la de países de nuestro entorno y de nuestro nivel, pero que gracias a la crisis y por la inoperancia de este y el anterior gobierno ha llegado a record continental, no han hecho nada de nada, no se han enterado ni han querido enterarse de nada de nada, y si Dios no lo remedia ni este ni los siguientes gobiernos van a hacer nada de nada, seguramente porque están demasiado ocupados explicando lo bien que lo han hecho, y los gravísimos problemas del país que han solucionado gracias a reformas que nadie les obligó a hacer, porque cuando Rajoy se reúne con Merkel es para hablar de futbol, y los hombres de negro de la Catastroika van a Madrid de turismo.

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