LA ESPAÑA DEMENCIAL Y CORRUPTA.

Siempre es agradable que le den a uno la razón, y hace unos días que parece haber un montón de señores importantes empeñados en demostrar que las muchas veces que he afirmado que España no es un país sino una de las peores casas de locos acierto plenamente.

En el manicomio de España los que más se cachondean de las normas y la Ley son los encargados de garantizar y controlar que se cumplan: gobierno, sistema judicial y principales partidos.

Después del inmenso escándalo del Consejo General del Poder Judicial y el Supremo con el asunto del freno y marcha atrás sobre los impuestos del registro de hipotecas, que en cualquier país serio en que la democracia no fuese un simple decorado habría provocado una profunda crisis y grandes cambios no solo en el gobierno sino sobre todo en el Poder Judicial, en España no solo no pasa nada, nadie dimite ni es cesado y ni tan solo se aceptan responsabilidades, además los partidos del régimen del 78 llegan a un acuerdo sobre la inmediata renovación del CGPJ se reparten los 20 vocales del Consejo y deciden quién va a ser el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, nada menos que Manuel Marchena, al que Pilar Rahola llama el “gran archivador” porque ha archivado multitud de casos de corrupción del PP, master de Casado incluido, que muy probablemente hará bueno el desastre de su predecesor Carlos Lesmes. Para empezar parece que ya ha puesto condiciones como retirar a la candidata de Podemos como vocal del CGPJ Victoria Rosell. Pero lo más curioso del caso es que Pedro Sánchez y Pablo Casado deciden quienes van a ser los vocales del CGPJ y quien va a ser su presidente cuando de cumplir las normas vigentes el presidente debe ser nombrado por votación de los 20 vocales. Y mientras se anunciaba tanta barbaridad Pedro Sánchez hablando de lo garantizada que está la independencia del Poder Judicial en España. Lo dicho, los que más se cachondean de normas y leyes son los encargados de hacerlas cumplir.

Esta semana se ha producido otro de esos escándalos hispanos que serían inaceptables en un país serio pero son el pan nuestro de cada día en España. El Tribunal de Cuentas, un tribunal administrativo que es nada menos que el órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público español, que cuesta al erario público 70 millones anuales, de dudosa utilidad porque a pesar de sus funciones y de los miles y miles de millones que han circulado por los casos de corrupción, sus intervenciones son contadas y escasas, si se ha puesto en marcha, como no podía ser de otra forma en un asunto relacionado con el independentismo catalán. Después de un supuesto proceso de investigación han condenado a Artur Mas, Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega a pagar un total de 4,95 millones de Euros para compensar el gasto de dinero público invertido en el referéndum del 9N. Esta es otra buena demostración de que en España cuando se trata de cumplir órdenes del “altísimo” no hay normas ni leyes ni decencia, ni por supuesto el más mínimo rastro de democracia y Estado de Derecho.

Los cuatro, Mas, Rigau, Ortega y Homs ya fueron juzgado y condenados por desobediencia a dos años de inhabilitación en marzo 2017. En el mismo juicio fueron acusados de malversación, pero no fueron condenados porque el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya considero que no estaba suficientemente probada. Además todo el gasto fue en equipos, ordenadores, todavía en uso en la Generalitat y para completar la barbaridad el gasto se produjo antes de la fecha en que el Tribunal Constitucional determinó la ilegalidad del referéndum del 9N. Y a pesar de todo ello, un organismo administrativo que ha pasado por encima de los Gurtel, ERE, etc. etc. sin mover un dedo, ni tan solo para recuperar algo del dinero robado, toma una decisión que en un país serio probablemente sería considerada como un delito. En el sistema jurídico de todos los países serios y en el de casi todos los menos serios hay una norma no escrita pero básica y fundamental que es que no se puede juzgar a nadie dos veces por el mismo delito, pero no se aplica en la España franquista porque aquí las leyes no están para ser cumplidas sino para ser utilizadas por el PODER en mayúsculas como mejor les convenga.

Para completar la demostración de demencia Pablo Crespo, el socio de Correa en el caso Gurtel fue interpelado por el comité del Parlamento que investiga la doble contabilidad del PP, y una vez más ante las evidencias de que el volumen de la corrupción del PP es muchísimo mayor que lo descrito en el fallo del caso Gurtel, y la clarísima implicación directa de los dirigentes del partido como Aguirre, Cospedal, Aznar, y por supuesto sabiendo quien es M. Rajoy, unido a las también evidencias de que el PP destruyo pruebas desde el ordenador hasta la agenda de Bárcenas, continua sin producirse reacción alguna de Justicia y cuerpos policiales, con lo que ya queda más que claro que hay un acuerdo entre partidos para que nadie se haga demasiado daño, y la inmensa podredumbre de España seguirá siendo sancionada solo a niveles ridículos.

Con la cantidad de verdadera mierda que sale a la superficie cada día, la inmensa podredumbre y el enorme tamaño de las cloacas del Estado, y añadiendo el resultado de la encuesta que publicaba La Vanguardia hace unos días que afirmaba que un 52% de los ciudadanos españoles están de acuerdo y apoyan la dura represión al estilo franquista del independentismo y los procesos abiertos contra los presos políticos, incluida su prisión preventiva, no se comprende que haya todavía quien no entiende que al menos la mitad, y probablemente una mayoría de catalanes quieran la independencia.

 

 

 

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