Estos días se cumplen diez años de la mayor demostración que el sistema político español y una democracia no se parecen en nada: el fallo del Tribunal Constitucional que destruyó el Estatut de Catalunya del 2006.
A pesar que en la burla de juicio al procés el Tribunal no pudo calificar los hechos como golpe de Estado todo el mundo en Madrid califica a los presos políticos como golpistas, en cambio en el peor golpe de Estado del país de hace diez años nadie habla de golpe.
Después de pasar todos los trámites legales sin que un solo jurista de prestigio, o un comité parlamentario criticase el texto, el Tribunal Constitucional a instancias del PP de Mariano Rajoy se cargó el Estatut.
Desde incluso antes de la fecha del fallo he pensado que toda la operación estaba planificada y premeditada para que el PP aprovechase al máximo los muchos votos de la catalanofobia. Los políticos españoles son tan irresponsables que, en vez de solucionar un problema, la catalanofobia, como es su obligación, lo exacerban al máximo para conseguir votos. Me refiero en general a todos los políticos españoles porque todos han acabado copiando el uso de la catalanofobia para captar votos.
Encima, para que quedase bien claro que solo se trataba de perjudicar a Catalunya algunos de los artículos anulados por el fallo del Tribunal Constitucional habían sido copiados por otras CCAA, pero en esos casos no se anularon.
Una pancarta de la manifestación contra el fallo lo definía muy bien, en catalán decía “NO NOS VAMOS, NOS HECHAN”
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